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Los derechos digitales
La sociedad de la información y el nuevo contexto digital han supuesto una revolución en la forma de crear conocimiento y cultura, y, sobre todo, en la forma de acceder a ellos. Ciudadanos, artistas y consumidores han dejado de ser sujetos pasivos y aislados frente a la industria de producción y distribución de contenidos. Ahora cada persona colabora, participa y decide.
La tecnología, como puente, permite que las ideas y el conocimiento fluyan; acabando así con muchas de las barreras geográficas y tecnológicas que impedían compartir; proporcionando, además, nuevas herramientas educativas y propiciando la aparición de nuevas fórmulas de organización sociales, económicas y políticas. Esta revolución es comparable a la que provocó la imprenta.
A pesar de esto, la industria del entretenimiento, la mayoría de los proveedores de servicios de comunicaciones y los centros de poder siguen basando sus beneficios y su autoridad en el control de los contenidos, de las herramientas y de los canales de distribución, manteniendo una economía de la escasez. Y todo esto violando los derechos de los ciudadanos a la educación, al acceso a la información, a la cultura, a la ciencia y la tecnología, la libertad de expresión, la inviolabilidad de las comunicaciones y de la privacidad. La protección de intereses privados no debería permitirse cuando produce un atraso en el desarrollo de la sociedad en general, sin tener en cuenta el interés público.
No todas las instituciones, estructuras y convenciones del sistema actual sobrevivirán si no son capaces de adaptarse a los nuevos tiempos. Las que sobrevivan se verán alteradas y redefinidas por la nueva realidad, y es posible que para ello necesiten esquemas de funcionamiento totalmente distintos.
Comisión Propiedad Intelectual
Interesantes, pertinentes y necesarias todas y cada una de las reflexiones e interrogantes jurídicas planteadas por José Ramón Chaves a propósito del procedimiento en el que se concretarán las medidas de salvaguarda de los derechos de autor incluidas por el Gobierno en el anteproyecto de la Ley Economía Sostenible.
Desde un plano jurídico parece prima facie que la encomienda de la salvaguarda de derechos e intereses privados – por muy legítimos que sean – a un órgano administrativo tiene difícil acomodo legal y constitucional.
Baste recordar que los privilegios y potestades que el Ordenamiento Jurídico reconoce a los sujetos jurídico-públicos tienen su fundamento y justificación en el hecho de que las Administraciones Públicas actúan, no sólo sujetas al principio de legalidad, sino en defensa de los intereses GENERALES. En nuestro ordenamiento jurídico, la defensa de los intereses privados queda atribuida a su titular mediante las vías procesales oportunas en cada caso.
No es un mera opinión personal sino que lo establece así el artículo 103 de nuestra Constitución:
La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho.
Esta, y no otra, es la razón que justifica la especial configuración – carácter revisor de la actividad administrativa – de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Por tanto, si no hay un interés general presente, no hay justificación posible para que actúen los sujetos jurídico-públicos porque desaparece la razón de ser del reconocimiento de los privilegios – en más – administrativos que configuran las denominadas potestades administrativas (declaración y ejecución del Derecho), imponiendo la carga al ciudadano de acudir a la Jurisdicción Contencioso-Administrativo para que el juez revise si la actuación administrativa – juez y parte – se ajustó o no a la legalidad..
Establecido esto, no parece difícil concluir que la encomienda de la salvaguarda de intereses particulares a un órgano administrativo supone una conculcación de los derechos de la parte afectada por la intervención administrativa y la vulneración de varios artículos de la Constitución incluido el artículo 24 puediendo llegar a apreciarse en última instancia indefensión por vulneración del principio de igualdad de armas y medios de defensa de la partes cuyos intereses se dirimen en el conflicto jurídico planteado.
En fin, parece que avanzamos hacía el abismo…
Reding advierte a González-Sinde
Viviane Reding
El pasado 23 de noviembre la Comisaria europea de la Sociedad de la Información, Viviane Reding realizó, en el marco de unas jornadas organizadas por la CMT, unas declaraciones sorprendentes al afirmar que:
las medidas españolas que permitan la interrupción en el acceso a Internet sin un procedimiento imparcial delante de un juez es seguro que van a entrar en conflicto con la Unión Europea.
(ver reseña en Elpais.com 23/11/2009)
La comisaria Reding anticipaba el debate y la polémica que pocos días después estallaría alrededor de las medidas de salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual incluidas en el anteproyecto de Ley de Economía Sostenible a instancia del Ministerio de Cultura.
(…) In this regard, I’ve been following with interest the discussions in Spain, first between operators and associations of copyright holders, and now in the inter-ministerial Commission. I would like to stress the need for any possible legislative initiative to comply with the agreement reflected in the Telecoms Reform Package. Spanish measures that would allow for the cutting off of internet access without a prior fair and impartial procedure in front of a judge is certain to run into conflict with European law. The case of France has shown that national constitutional law may raise even more immediate barriers to such proposals. I therefore invite the Spanish authorities to consult very closely with the European Commission before heading into a direction which could soon turn out to be a blind alley.
La intervención de la comisaria europea para la Sociedad de la Información levantó ampollas en el entorno del Ministerio de Cultura y el lobby de la industria cultural:
“No salimos de nuestro asombro. Estamos esperando que alguien aclare este lío, porque en ningún momento hemos hablado de cortar Internet a nadie” – Coalición de Creadores
“La estrategia española se orientará a perseguir las páginas web que colocan el contenido protegido por los derechos de autor, y no en el corte del acceso a los internautas. España irá “contra las fuentes” que buscan lucrarse con la distribución de obras sobre las que no tienen derechos” – Ministerio de Cultura
Curiosamente, ese mismo día el Parlamento Europeo aprobaba el denominado Paquete de las Telecomunicaciones, una serie de Directivas que regulan el acceso a la Red, y que permite que sea cada Estado miembro el que regule la necesidad de control judicial previo para el corte de conexión a Internet.
¡ Confusión para dar y tomar !
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Enlaces relacionados:
- Página web de Viviane Reding donde se recoge su actividad como Comisaria europea para Sociedad de la Información.
- Paquete de Telecomunicaciones – EU Telecoms Reform: 12 reforms to pave way for stronger consumer rights, an open internet, a single European telecoms market and high-speed internet connections for all citizens
- La Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos – Nota de prensa de creación de la asociación.
¡El cóctel explosivo de González-Sinde!
¡Parda se ha liado!
El anteproyecto de Ley de Economía Sostenible fue presentado en sociedad al más puro estilo americano el pasado 22 de noviembre 2009.
El Presidente del Gobierno, en un ambiente desenfadado y festivo, en un mitin, y rodeado de los miembros de su gabinete y de cientos de simpatizantes de su formación política, anunció que el Consejo de Ministros aprobaría de manera inminente un anteproyecto de ley de Economía Sostenible que reuniría una batería de medidas programáticas que dibujaban el marco del nuevo modelo productivo español para los años venideros.
En definitiva, este era un texto llamado a pasar a la Historia sin pena ni gloria. Sin embargo, la última redacción incorporó de manera sorpresiva algunas medidas que han provocado un incendio en la Red.
Las modificaciones fueron introducidas a instancia del Ministerio de Cultura con el fin de adoptar medidas de salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual frente a la vulneración sistemática de los mismos en el entorno digital. Se modificaban e incorporaban algunos artículos de la LSSI y la LPI.
Acudía así la Ministra González-Sinde en auxilio de las industrias culturales.
Podría convenir – más o menos – en lo acertado del diagnóstico, pero creo que la Ministra y su equipo yerran en las soluciones y medidas a tomar por su cortedad de miras; seguramente por desconocimiento de la imperiosa necesidad de acometer una reforma profunda que redefina el marco jurídico de la propiedad intelectual para adaptarlo al nuevo entorno digital y distribuido y que debería consistir en delimitar el contenido de la propiedad intelectual armonizando los derechos e intereses legítimos de sus titulares – o cesionarios de los mismos – con la función social que integra el contenido de la propiedad privada por imperativo constitucional - artículo 33 punto 2.
Los modelos de explotación y gestión tradicionales de los derechos de propiedad intelectual han sido puestos en jaque con la llegada de Internet y la digitalización de la información y la cultura. El sistema de propiedad intelectual recogido en los textos vigentes respondía a un entorno analógico marcado por la necesidad de incorporar la información – y las obras sujetas a propiedad intelectual – a soportes físicos. Es pacífico que este proceso implicaba elevados costes de producción, distribución y promoción que influyeron en la morfología de las industrias culturales, pero ahora el escenario de juego ha cambiado radicalmente: el bit ha sustituido al átomo, y los modelos centralizados y verticales encajan mal en el nuevo entorno digital y distribuido. El broadcasting ha dejado paso al crowdsourcing; la creación individual ha dejado paso a la colaborativa. La gestión colectiva está dejando paso a la individual. Ya no hay centro, sólo una inmensa periferia en ebullición a la que debe adaptarse tanto el marco jurídico de la propiedad intelectual como los modelos de gestión y negocio de las industrias culturales.
Este desacoplamiento debe ser debidamente entendido y asumido por las industrias culturales que seguirán sufriendo tremendamente y viendo un futuro lleno de nubarrones negros, presionando por medidas de salvaguarda que aunque bienintencionadas terminan por conformar un galimatías jurídico que colisiona con mayor o menor intensidad con libertades públicas y derechos fundamentales reconocidos por nuestra carta magna.
Comparto el grave diagnóstico que sufren las industrias culturales y, sin duda, salvo que sean capaces de reinventarse rápidamente y de encontrar modelos de negocio adaptados al nuevo entorno digital y distribuido se diluirán como terrones de azúcar en un café humeante.
Y que no se me entienda mal, creo que aciertan en denunciar y señalar con el dedo a otras industrias, unas legales y otras menos, que han generado negocios parasitarios que están drenando los ingresos que antes se incorporaban a los balances de las industrias culturales.
Entiendo la desesperada huida hacia delante y la petición de socorro al Ministerio de Cultura para que acuda en su ayuda. Pero no entiendo que el Ministerio cuelen de rondón en el anteproyecto de ley de Economía Sostenible unas medidas cuyo contenido y alcance no tenían cabida en una norma programática, vacía de contenido, elaborada para dar respuesta a una campaña de marketing político más que una verdadera intención de acometer reformas de calado que podrían resultar muy impopulares. Esta era una norma pensada para el lucimiento, para que el Gobierno se postulase como adalid del necesario cambio de modelo productivo de la economía española.
La falta de consenso sobre la necesidad de las medidas de salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual y, sobre todo, de su contenido y alcance ha generado tanto ruido en la Red que la Ministra González-Sinde y su equipo de asesores se vieron forzados a llamar a una reunión urgente a algunos notables de la Red española que no dudaron en levantarse en armas frente a unas medidas que entendían atentatorias de derechos fundamentales y restrictivas de sus garantías.
El propio presidente del Gobierno no dudó en desautorizar públicamente a la Ministra de Cultura por su insistencia en seguir adelante con las medidas. En fin, de buenas intenciones está empedrado el camino del infierno.
En la Red se entremezclan multitud de libertades públicas y derechos fundamentales (expresión, información, intimidad, etc) que conviven cada día con la comisión de mil y una tropelías por parte de aquellos que aprovechan y se escudan en el desconocimiento y la confusión generalizada que rodea a la realidad digital y distribuida, y que no dudan en sacar tajada.
En definitiva, sin apenas darnos cuentas se ha mezclado un cóctel explosivo:
- desacoplamiento del marco normativo de la realidad que pretende regular
- crisis del modelo de explotación y gestión de los derechos de propiedad intelectual por parte de las industrias culturales
- desacoplamiento de los intereses de industria cultural y los creadores
- irrupción del fenómeno de la creación colaborativa
- galimatías jurídico resultado del intento loable pero errado de intentar ajustar la realidad digital y distribuida al marco normativo de propiedad intelectual que precisa ser repensado
- confusión generalizada sobre que es legal y qué no en la Red (intercambio de archivos entre particulares en redes P2P, recogida y tratamiento de todo tipo de datos personales, incorporación de menores a redes sociales, alcance de la responsabilidad de prestadores de servicios de la sociedad de la información, etc)
- pérdida del hábito a dialogar de los españolitos más acostumbrados a la soflama política y a la descalificación personal
Con esos ingredientes, señores, es normal que se haya liado parda.
Sería conveniente sentarse, establecer un marco de debate, acordar un orden del día, analizar los cambios derivados de la realidad digital y distribuida, diagnosticar los problemas de las industrias culturales, identificar que industrias legales o no desarrollan modelos parasitarios en perjuicio de los creadores de contenidos culturales, acoplar la normas a la realidad y arbitrar soluciones que ponderen adecuadamente los legítimos intereses públicos y privados en juego en todo este asunto.
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Enlaces relacionados:
2. Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible (Texto Completo)
3. “En cinco años esto desaparece. No habrá ni música, ni canciones” – Promusicae
5. Manifiesto en defensa de los Derechos Fundamentales en la Reden el Blog Enrique Dans
6. Galimatías Jurídico : El diablo está en los detalles por Paloma Llaneza (en ElPais.com)
7. Reunión de la Ministra de Cultura con algunos notables de la Red española por Enrique Dans
9. Resolución del Parlamento Europeo sobre Libertad de Expresión en Internet
10. Carta abierta dirigida a Aute por un ciudadano a propósito de la piratería y las descargas ilegales
11. Descargas en la Red: derrota tras derrota hasta la victoria final, de Javier Candeira (RTVE)
12. Guía para no perderse en la Revuelta de Internet, RadioCable.com
Innovación y transformación social
“Lo importante de la innovación son sus consecuencias sociales”, Ángel Maldonado
Agora News entrevista a Ángel Maldonado y Borja Ramírez, ponentes en el último Conversion Thursday, sobre su ponencia titulada ”Deconstruyendo Sentiment Analysis”.
Ángel Maldonado destacó la importancia de las consecuencias sociales que trae la innovación, algo de lo que ya habló el escritor Isaac Asimov.
Provisión de Información Jurídica
Digitalización
El mercado de la provisión de información jurídica está inmerso en un rápido proceso cambio animado por la digitalización de la información jurídica impulsado tanto desde instancias públicas (ley 37/2007) como privadas (noticias jurídicas, legalsolo, etc)
El paso del documento de papel (átomo) al documento electrónico (bits) supone una verdadera revolución, y el reto consiste en convertir las amenazas que todo cambio representa en oportunidades para innovar y explorar nuevas fórmulas de relación entre profesionales jurídicos, proveedores de información y ciudadanos.
La digitalización de la información jurídica supone que una oportunidad única de crecimiento para el sector de provisión de información jurídica y beneficiará a todos los operadores tanto aquellos que cuenten con una larga tradición en el tratamiento y difusión de información jurídica por medios tradicionales como aquellos otros operadores que aporten conocimiento y experiencia en el ámbito de tratamiento, indexación y recuperación de información en entornos digitales.
Y dado que tanto el acceso a la información jurídica digitalizada como las tecnologías para el tratamiento, indexación y recuperación de la misma estarán al alcance de todos los participantes de este mercado en crecimiento, el verdadero reto que todos deben enfrentar es el de la aportación de valor a los usuarios (profesionales del Derecho y ciudadanos).
La música en la era digital
A propósito del tan necesario debate sobre la reforma del marco legal de propiedad intelectual, y para situar el debate, igual que están haciendo en Canadá, reproduzco la carta abierta donde Steve Jobs se posicionaba sobre la cuestión de la música online…
With the stunning global success of Apple’s iPod music player and iTunes online music store, some have called for Apple to “open” the digital rights management (DRM) system that Apple uses to protect its music against theft, so that music purchased from iTunes can be played on digital devices purchased from other companies, and protected music purchased from other online music stores can play on iPods.
Let’s examine the current situation and how we got here, then look at three possible alternatives for the future.
To begin, it is useful to remember that all iPods play music that is free of any DRM and encoded in “open” licensable formats such as MP3 and AAC. iPod users can and do acquire their music from many sources, including CDs they own. Music on CDs can be easily imported into the freely-downloadable iTunes jukebox software which runs on both Macs and Windows PCs, and is automatically encoded into the open AAC or MP3 formats without any DRM. This music can be played on iPods or any other music players that play these open formats.
The rub comes from the music Apple sells on its online iTunes Store.
Since Apple does not own or control any music itself, it must license the rights to distribute music from others, primarily the “big four” music companies: Universal, Sony BMG, Warner and EMI. These four companies control the distribution of over 70% of the world’s music.
When Apple approached these companies to license their music to distribute legally over the Internet, they were extremely cautious and required Apple to protect their music from being illegally copied.
The solution was to create a DRM system, which envelopes each song purchased from the iTunes store in special and secret software so that it cannot be played on unauthorized devices.
Apple was able to negotiate landmark usage rights at the time, which include allowing users to play their DRM protected music on up to 5 computers and on an unlimited number of iPods.
Obtaining such rights from the music companies was unprecedented at the time, and even today is unmatched by most other digital music services. However, a key provision of our agreements with the music companies is that if our DRM system is compromised and their music becomes playable on unauthorized devices, we have only a small number of weeks to fix the problem or they can withdraw their entire music catalog from our iTunes store.
To prevent illegal copies, DRM systems must allow only authorized devices to play the protected music. If a copy of a DRM protected song is posted on the Internet, it should not be able to play on a downloader’s computer or portable music device. To achieve this, a DRM system employs secrets. There is no theory of protecting content other than keeping secrets. In other words, even if one uses the most sophisticated cryptographic locks to protect the actual music, one must still “hide” the keys which unlock the music on the user’s computer or portable music player. No one has ever implemented a DRM system that does not depend on such secrets for its operation.
The problem, of course, is that there are many smart people in the world, some with a lot of time on their hands, who love to discover such secrets and publish a way for everyone to get free (and stolen) music. They are often successful in doing just that, so any company trying to protect content using a DRM must frequently update it with new and harder to discover secrets. It is a cat-and-mouse game. Apple’s DRM system is called FairPlay. While we have had a few breaches in FairPlay, we have been able to successfully repair them through updating the iTunes store software, the iTunes jukebox software and software in the iPods themselves. So far we have met our commitments to the music companies to protect their music, and we have given users the most liberal usage rights available in the industry for legally downloaded music.
With this background, let’s now explore three different alternatives for the future.
The first alternative is to continue on the current course, with each manufacturer competing freely with their own “top to bottom” proprietary systems for selling, playing and protecting music. It is a very competitive market, with major global companies making large investments to develop new music players and online music stores. Apple, Microsoft and Sony all compete with proprietary systems. Music purchased from Microsoft’s Zune store will only play on Zune players; music purchased from Sony’s Connect store will only play on Sony’s players; and music purchased from Apple’s iTunes store will only play on iPods. This is the current state of affairs in the industry, and customers are being well served with a continuing stream of innovative products and a wide variety of choices.
Some have argued that once a consumer purchases a body of music from one of the proprietary music stores, they are forever locked into only using music players from that one company. Or, if they buy a specific player, they are locked into buying music only from that company’s music store. Is this true? Let’s look at the data for iPods and the iTunes store – they are the industry’s most popular products and we have accurate data for them. Through the end of 2006, customers purchased a total of 90 million iPods and 2 billion songs from the iTunes store. On average, that’s 22 songs purchased from the iTunes store for each iPod ever sold.
Today’s most popular iPod holds 1000 songs, and research tells us that the average iPod is nearly full. This means that only 22 out of 1000 songs, or under 3% of the music on the average iPod, is purchased from the iTunes store and protected with a DRM. The remaining 97% of the music is unprotected and playable on any player that can play the open formats. It’s hard to believe that just 3% of the music on the average iPod is enough to lock users into buying only iPods in the future. And since 97% of the music on the average iPod was not purchased from the iTunes store, iPod users are clearly not locked into the iTunes store to acquire their music.
The second alternative is for Apple to license its FairPlay DRM technology to current and future competitors with the goal of achieving interoperability between different company’s players and music stores. On the surface, this seems like a good idea since it might offer customers increased choice now and in the future. And Apple might benefit by charging a small licensing fee for its FairPlay DRM. However, when we look a bit deeper, problems begin to emerge. The most serious problem is that licensing a DRM involves disclosing some of its secrets to many people in many companies, and history tells us that inevitably these secrets will leak. The Internet has made such leaks far more damaging, since a single leak can be spread worldwide in less than a minute. Such leaks can rapidly result in software programs available as free downloads on the Internet which will disable the DRM protection so that formerly protected songs can be played on unauthorized players.
An equally serious problem is how to quickly repair the damage caused by such a leak. A successful repair will likely involve enhancing the music store software, the music jukebox software, and the software in the players with new secrets, then transferring this updated software into the tens (or hundreds) of millions of Macs, Windows PCs and players already in use. This must all be done quickly and in a very coordinated way. Such an undertaking is very difficult when just one company controls all of the pieces. It is near impossible if multiple companies control separate pieces of the puzzle, and all of them must quickly act in concert to repair the damage from a leak.
Apple has concluded that if it licenses FairPlay to others, it can no longer guarantee to protect the music it licenses from the big four music companies. Perhaps this same conclusion contributed to Microsoft’s recent decision to switch their emphasis from an “open” model of licensing their DRM to others to a “closed” model of offering a proprietary music store, proprietary jukebox software and proprietary players.
The third alternative is to abolish DRMs entirely. Imagine a world where every online store sells DRM-free music encoded in open licensable formats. In such a world, any player can play music purchased from any store, and any store can sell music which is playable on all players. This is clearly the best alternative for consumers, and Apple would embrace it in a heartbeat. If the big four music companies would license Apple their music without the requirement that it be protected with a DRM, we would switch to selling only DRM-free music on our iTunes store. Every iPod ever made will play this DRM-free music.
Why would the big four music companies agree to let Apple and others distribute their music without using DRM systems to protect it? The simplest answer is because DRMs haven’t worked, and may never work, to halt music piracy. Though the big four music companies require that all their music sold online be protected with DRMs, these same music companies continue to sell billions of CDs a year which contain completely unprotected music. That’s right! No DRM system was ever developed for the CD, so all the music distributed on CDs can be easily uploaded to the Internet, then (illegally) downloaded and played on any computer or player.
In 2006, under 2 billion DRM-protected songs were sold worldwide by online stores, while over 20 billion songs were sold completely DRM-free and unprotected on CDs by the music companies themselves. The music companies sell the vast majority of their music DRM-free, and show no signs of changing this behavior, since the overwhelming majority of their revenues depend on selling CDs which must play in CD players that support no DRM system.
So if the music companies are selling over 90 percent of their music DRM-free, what benefits do they get from selling the remaining small percentage of their music encumbered with a DRM system? There appear to be none. If anything, the technical expertise and overhead required to create, operate and update a DRM system has limited the number of participants selling DRM protected music. If such requirements were removed, the music industry might experience an influx of new companies willing to invest in innovative new stores and players. This can only be seen as a positive by the music companies.
Much of the concern over DRM systems has arisen in European countries. Perhaps those unhappy with the current situation should redirect their energies towards persuading the music companies to sell their music DRM-free. For Europeans, two and a half of the big four music companies are located right in their backyard. The largest, Universal, is 100% owned by Vivendi, a French company. EMI is a British company, and Sony BMG is 50% owned by Bertelsmann, a German company. Convincing them to license their music to Apple and others DRM-free will create a truly interoperable music marketplace. Apple will embrace this wholeheartedly.
